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Miércoles, 29 de Junio de 2016 12:53

Las costas en el proceso contencioso-administrativo

Nos limitaremos a hablar, conforme al título de la presente nota, de las costas en el proceso contencioso-administrativo y en particular de los honorarios de los abogados.

La Ley 37/2001, de 10 de octubre modificó el apartado 1 del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, Ley 29/1998, de 13 de julio (LJ).

En virtud de esta modificación el criterio para condenar en costas que antes era el de la temeridad paso a ser la ausencia de "serias dudas de hecho o de derecho" en el asunto enjuiciado. El mismo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 de 7 de enero, desde la modificación de la misma llevada a cabo por la Ley 37/2001 de 10 de octubre que también supuso el abandono del criterio de la temeridad.

Esta modificación ha supuesto, en la práctica, la adopción del llamado principio del vencimiento objetivo, regla inglesa, con matices, frente a la regla norteamericana en virtud de la cual, en términos generales, cada parte del proceso asume sus gastos.

En cuanto a la cuantificación de los honorarios la LJ se remite a la LEC la que se remite, a su vez, a las normas reguladoras del estatuto profesional de los abogados (artículo 242 5). Es decir, a los llamados criterios orientadores de honorarios establecidos, más o menos de manera uniforme, por los distintos Colegios Profesionales. Criterios, por cierto, abolidos por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre que traspuso en nuestro país la "Directiva de Servicios" comunitarios, a salvo, precisamente, de cuando hayan de ser utilizados para determinar las costas procesales (Disposición Adicional 4ª de la Ley de Colegios).

Debemos añadir que la LJ, (artículo 139 3) establece que la condena puede ser por todos los honorarios, por una parte de los mismos o por una cuantía fija.

De establecerse esta cuantía fija la misma sustituirá a aquellos criterios orientadores, naturalmente.

 

¿Qué viene sucediendo, de un tiempo a esta parte, con la cuantificación de los honorarios?

El Tribunal Supremo, a este respecto, ha establecido que los honorarios no se pueden determinar de forma automática, es decir, aplicando la escala tipo sino que se han de tener en cuenta distintos factores: trabajo llevado a cabo, complejidad, resultados, trascendencia, etc. Todos ellos habrán de ser tenidos en cuenta para fijar los honorarios (Auto Sala Tercera de 13 de marzo de 2014. Recurso Casación 4455/2012, entre otros).

En verdad, lo establecido por el Tribunal Supremo no es ninguna novedad porque estos factores también son tenidos en cuenta por las normas orientadoras de los colegios.

Las dudas no están pues en los factores que se han de tener en cuenta para fijar los honorarios sino en la cuantificación de los mismos.

En otras ocasiones, el Tribunal Supremo ha venido a establecer una cantidad fija, en especial en los casos de los recursos de casación.

A nuestro juicio, el principio de vencimiento objetivo, no se aviene con el derecho a la tutela judicial efectiva al no tener en cuenta si el recurso interpuesto, sin perjuicio de su desestimación, estaba debidamente fundamentado (aunque naturalmente esta fundamentación no fuera correcta a juicio del tribunal sentenciador).

Menos aún en el ámbito del proceso contencioso-administrativo en el que la desigualdad real de las partes es frecuente, como de sobra es conocido.

Ciertamente no es el principio del vencimiento objetivo el que acoge la ley al considerar las dudas de hecho o de derecho como causa de exclusión de la condena en costas.

Pero el caso es que estas posibles dudas son, sistemáticamente, obviadas por los tribunales (posiblemente por comodidad).

Dudas que por cierto deberían sustituirse, a nuestro juicio por el carácter suficientemente fundamentado del recurso conforme a lo que antes hemos indicado.

En cualquier caso, entendemos que de "lege ferenda" debería eliminarse el adjetivo de "serias" que a todas luces es una invitación a no considerar las posibles dudas.

Por otro lado, en cuanto a la cuantificación de los honorarios, la incertidumbre es total a la vista de la doctrina, antes referida, del Tribunal Supremo.

Esta incertidumbre, a nuestro juicio, tampoco se aviene con el principio de seguridad jurídica ni con el derecho a la tutela judicial efectiva. Entendemos que tanto este principio como este derecho exigen conocer, con la mayor exactitud posible, los costes del proceso antes de interponerse el recurso correspondiente.

Antonio F. Delgado González
Abogado. Doctor en Derecho.
Bufete Delgado-Lamet & Asociados, S.L.

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